Sánchez aprueba un toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana y quiere que dure 6 meses

El Gobierno, en Consejo de Ministros extraordinario celebrado este domingo, ha aprobado un nuevo estado de alarma para hacer frente a la expansión del coronavirus. La intención del Ejecutivo es que se extienda hasta el 9 de mayo. La principal medida es el ‘toque de queda’, que se prolongará desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana.

El decreto establece una duración inicial de 15 días, como establece la Constitución, aunque Sánchez planteará una única prórroga para extenderlo durante seis meses. Esa prórroga tendrá que ser convalidada en el Congreso de los Diputados, aunque no se prevén problemas. Ciudadanos ya ha ofrecido sus votos y la medida se aplica ya en Cataluña, con lo que el apoyo de ERC y Junts per Catalunya también estaría asegurada. El socialista quiere evitar, acudiendo una única vez al Congreso, la necesidad de negociar los respaldos en sucesivas negociaciones. El decreto ya plantea, de entrada, que la medida tendrá que extenderse durante meses debido a la situación epidemiológica.

El principal objetivo del nuevo estado de alarma -el anterior expiró el pasado 21 de junio- es dar cobertura jurídica al ‘toque de queda’ o confinamiento nocturno, que varias comunidades han ido aprobando en los últimos días. No se plantea un confinamiento total, como sucedió en marzo, pero sí una restricción obligatoria de once de la noche a seis de la mañana, lo que supondrá, de nuevo, un duro golpe para la hostelería, ya muy azotada por la crisis económica derivada de la pandemia. Además, habrá limitaciones en reuniones sociales y se prohibirán los desplazamientos entre comunidades autónomas, salvo causas justificadas. La autoridad competente para su aplicación será, en cada caso, el presidente autonómico, que tendrá capacidad para ajustar el ‘toque de queda’, reduciéndolo una hora -por ejemplo, implantándolo desde la medianoche- pero sin posibilidad de eliminarlo.

El nuevo estado de alarma fijará unas medidas mínimas de obligado cumplimiento, que podrán ser ampliadas por las comunidades.

Sánchez convocó este sábado, de manera oficial, el Consejo de Ministros extraordinario, que se inició a las 10 de la mañana de este domingo. Diez Ejecutivos autonómicos -entre ellos, seis del PSOE- le habían solicitado la declaración del estado de alarma con el objetivo de tener cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente al incremento de contagios de Covid-19, según informó La Moncloa.

La intención original del Ejecutivo era decretar este nuevo estado de alarma el martes en el Consejo de Ministros ordinario, pero la cascada de peticiones de los presidentes autonómicos durante el fin de semana ha acelerado la decisión.

Ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP lo requirió, aunque sí han aprobado medidas severas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha prohibido las reuniones entre no convivientes entre la medianoche y las seis de la mañana.

El Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar el estado de alarma, pero sí para prorrogarlo más allá de los 15 días de vigencia inicial. Por ello, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a hacer este viernes un claro llamamiento al PP para que garantice su apoyo para prorrogar este instrumento y poder garantizar así una cobertura jurídica apropiada para medidas como el toque de queda. De momento, el Ejecutivo ya se ha asegurado el apoyo de  Ciudadanos.

El Gobierno y las comunidades aprobaron este jueves, en el Consejo Interterritorial de Salud, un paquete de medidas diseñado por el Ministerio de Sanidad, con cuatro niveles de riesgo. En el nivel de alerta máxima se recoge la posibilidad de recurrir al estado de alarma para dar cobertura a medidas «excepcionales».

Las comunidades han criticado la inacción de Sánchez, que no ha tomado medidas drásticas hasta ahora, pese al incremento de los contagios desde el verano. España ya supera el millón de infecciones.

El presidente ha bloqueado, por ejemplo, la reforma legal planteada por el PP, que permitiría los confinamientos sin la necesidad de pasar por el estado de alarma, lo que agilizaría la gestión de la pandemia.

Sánchez, hasta el momento, se había limitado a ofrecer a las comunidades una estrategia de «cogobernanza» y que fueran ellas mismas las que solicitasen al Gobierno la aprobación de esta medida constitucional para su territorio, que sirviera como cobertura jurídica para aplicar restricciones de movilidad más estrictas, si así lo consideraban necesario.

Ello no evitó, por ejemplo, que Sanidad impusiese medidas unilaterales en el caso de la Comunidad de Madrid, decretando un confinamiento perimetral de la capital y de ocho municipios sin atender a las medidas aplicadas ya por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que -según los propios datos del Ministerio- estaban dando resultados.